Un grupo de 16 consejeros regionales del Partido Republicano, la UDI y Renovación Nacional presentó este viernes un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para solicitar la destitución del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
La acusación, contenida en un extenso documento, se basa principalmente en dos informes de la Contraloría General de la República (N° 873 y N° 265 de 2024), que detectaron múltiples irregularidades en la gestión del Gobierno Regional.
Según los firmantes, Orrego habría incurrido en notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa. Entre los antecedentes, se incluyen millonarios pagos por asesorías de coaching con fines electorales, uso de redes institucionales para promover su imagen personal, rendiciones duplicadas, facturas sin respaldo y contratos adjudicados sin licitación previa.
Uno de los casos más citados en el requerimiento es el contrato con la consultora Vera y Asociados S.A., por $31 millones, para asesorías que, según Contraloría, incluyeron contenidos sobre “estrategias de comunicación para la reelección”, lo que vulneraría el principio de prescindencia política.
Los consejeros también cuestionaron el uso del sitio web oficial del GORE para responder a los informes de Contraloría, así como la participación del subrogante de Orrego en actividades públicas durante el permiso legal que este tomó para hacer campaña.
Además, se apuntó al convenio con la fundación ProCultura por más de $1.600 millones, que también está siendo investigado, y a problemas contables detectados en la Corporación de Desarrollo Territorial del GORE, con diferencias que superan los $6.700 millones.
Revisa las declaraciones de los Cores:
¿Qué respondió el Gobernador?
Claudio Orrego calificó la acción como “un acto de principio a fin de aprovechamiento político electoral”. En su defensa, aseguró que “es la misma lógica que ocuparon con las acusaciones fracasadas contra el ministro Carlos Montes, la ministra Carolina Tohá y el delegado Gonzalo Durán. Siempre sin fundamentos de hecho y de derecho”.
Asimismo, rechazó categóricamente la posibilidad de ser destituido por vía administrativa. “Yo no voy a aceptar que se vulnere la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron, por secretaría. Si quieren el cargo de gobernador, que lo ganen en las urnas”, expresó.
El gobernador también señaló que ejercerá su derecho a defenderse: “A partir de hoy voy a ejercer mi derecho ciudadano a defenderme como cualquier chileno. Luego de 35 años de trayectoria de servicio público, no voy a aceptar que se siga manoseando mi nombre y, mucho menos, desvirtuar una historia de servicio marcada por la honestidad, por el trabajo duro y siempre con todos los sectores”.
Finalmente, afirmó que no dejará de cumplir con su rol. “Yo les digo a quienes me acusan: no me van a amedrentar ni tampoco me van a paralizar. Voy a seguir haciendo aquello para lo cual me eligieron: recuperar la ciudad para las personas y también servir a los más humildes”. CHH
