Un nuevo avance judicial se registró en Osorno, tras la detención de tres personas acusadas de malos tratos y torturas contra un funcionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) al interior del Hospital Base San José de Osorno, hechos ocurridos entre 2018 y 2020.
El caso generó una condena transversal de la ciudadanía y distintas instituciones tras conocerse videos donde el trabajador era amarrado, rapado y quemado por sus agresores. Las grabaciones, registradas por los mismos implicados, circularon durante años sin sanciones efectivas, pese a un sumario iniciado en 2020 que terminó archivado. Con la evidencia en manos de la Fiscalía, la causa volvió a la agenda pública y encendió alertas en el Estado.
Investigación de la PDI
Las diligencias del caso fueron realizadas por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme), luego de una instrucción particular emanada por el Ministerio Público.
El subprefecto Cristian Calquín, jefe de la Brisexme Osorno, explicó que: “Esta brigada especializada recepcionó una instrucción particular por parte del Ministerio Público por el delito por trato degradante a personas vulnerables”.
El oficial añadió que, hasta ahora, solo se ha concretado la detención de tres sujetos, aunque el total de involucrados corresponde a cuatro exfuncionarios, quienes ya fueron destituidos de sus cargos por el Ministerio de Salud.
Revisa la declaración completa de la PDI:
Reacción del Ministerio de Salud
El mismo jueves, horas antes de las detenciones, el Minsal emitió un comunicado en el que anunció una serie de acciones inmediatas frente a los hechos revelados por un reportaje de prensa el pasado 2 de septiembre.
La cartera señaló que “se reitera la condena a estos actos de alta conmoción pública y humana”, y detalló que la ministra Ximena Aguilera ofició al Servicio de Salud de Osorno para la entrega de todos los antecedentes.
Medidas anunciadas
Dentro de las disposiciones adoptadas por el Ministerio, se destacan:
- La designación de un enviado especial de la ministra de Salud en el Hospital de Osorno.
- Remisión de los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
- Destitución inmediata de los cuatro funcionarios involucrados.
- Apertura de un sumario administrativo por omisión de denuncia a la Fiscalía y revisión de los procedimientos que habían derivado en el sobreseimiento inicial.
