Señor Director:
Quiero ser muy clara y transparente frente a esta situación, porque siempre he creído que quienes ejercemos responsabilidades públicas debemos dar la cara y hablar con honestidad a nuestros vecinos.
Hay contextualizar y entender el origen de los hechos denunciados.
Estos se remontan al año 2014, época en que me desempeñaba como funcionaria municipal en calidad de Directora de DIDECO, anualidad en la que la Contraloría General de la República, tras una auditoría a trabajos realizados por personal contratado a honorarios, determinó que las labores de algunos de ellos no se encontraban suficientemente acreditadas, sin perjuicio de comprobarse que efectivamente habían cumplido sus funciones y que existían los correspondientes informes de gestión, pero que finalmente, a juicio del órgano fiscalizador, no eran suficientes para justificar el pago de sus servicios.
Luego de casi 10 años de tramitación, la Contraloría concluye esta acción de cobranza, no acepta las explicaciones y antecedentes que daban cuenta de la justificación de los pagos y dispuso que cinco funcionarios municipales de la época, entre ellos quien habla, y que firmaron los respectivos decretos de pago, reintegraran los dineros pagados en su oportunidad a esas personas contratadas a honorarios.
Nunca existió apropiación de recursos
Si bien es cierto, durante el año 2025 la Contraloría solicitó el pago de dichos montos, situación que hasta la fecha considero injusta y desproporcionada, porque aquí nunca existió apropiación de recursos ni beneficios personales, sino diferencias respecto de respaldos administrativos de trabajos que sí fueron realizados.
Sin embargo, en ejercicio de mis legítimos derechos administrativos y constitucionales solicité, al igual que el resto de los afectados, facilidades de pago y un plan de cumplimiento fraccionado de la deuda.
Actualmente, estamos a la espera de que la Contraloría resuelva dicha solicitud para proceder al pago que me corresponde conforme a los mecanismos legales e institucionales establecidos.
Acudir a los canales oficiales del órgano fiscalizador para proponer un esquema de pago es una actuación formal, transparente y completamente ajustada al Estado de Derecho.
Lejos de constituir una elusión de responsabilidades, esta solicitud busca precisamente garantizar el reintegro efectivo de los recursos, adecuándolo a mis capacidades económicas reales y resguardando también la estabilidad de mi familia.
No estoy desconociendo el fallo
Al contrario, estoy utilizando las herramientas legales que existen para comenzar a cumplirlo de manera inmediata y responsable.
Y también quiero decir algo con mucha claridad: me parece lamentable que se intente utilizar políticamente una situación administrativa que tiene más de una década, para instalar cuestionamientos personales hacia mi trayectoria o mi compromiso con el servicio público.
Quienes me conocen saben perfectamente cómo he trabajado durante todos estos años, primero como funcionaria municipal y hoy como alcaldesa, siempre con transparencia, cercanía y un profundo amor por nuestra comuna.
Voy a seguir enfrentando esta situación como siempre he actuado: dando la cara, hablando con la verdad y utilizando los caminos institucionales que corresponden”.
Isabel Valenzuela
Alcaldesa de Colina
Para revisar términos y condiciones entra aquí