El anuncio de una inteligencia artificial como parte de un gabinete de gobierno generó impacto internacional en 2025. La iniciativa, impulsada por Edi Rama, buscaba reforzar la transparencia en los procesos de licitación pública mediante el uso de tecnología.
De asistente digital a rol clave en el Estado
La IA, conocida como Diella, operaba inicialmente en la plataforma estatal e-Albania, donde facilitaba trámites a ciudadanos y empresas. Su incorporación al gabinete marcó un hito, al asumir la evaluación automatizada de ofertas en contratos públicos, reduciendo la intervención humana.
El objetivo, según el Ejecutivo, era avanzar hacia procesos completamente transparentes y disminuir riesgos de corrupción en la asignación de recursos fiscales.
La denuncia que cambió el foco
Meses después, el proyecto volvió a estar en el centro de la discusión. La actriz Anila Bisha presentó acciones legales, acusando que su rostro y voz fueron utilizados sin autorización para dar vida a la imagen pública de la IA.
Según explicó, el acuerdo que firmó solo contemplaba el uso de su imagen en la plataforma digital y por un tiempo acotado, sin considerar su utilización en un rol de carácter político o institucional.
Debate por límites y regulación
El caso abrió cuestionamientos sobre el uso de datos personales en proyectos de inteligencia artificial, especialmente cuando estos son impulsados por el Estado. También puso en duda los mecanismos de control, la supervisión humana y las garantías frente a eventuales vulneraciones.
El abogado de la actriz, Aranit Roshi, señaló que esta acción busca frenar el uso de su identidad, mientras se evalúan nuevas medidas legales.
Un precedente que sigue generando discusión
Más allá del caso puntual, la experiencia de Diella instaló un debate más amplio sobre el rol de la inteligencia artificial en la administración pública. La combinación entre innovación tecnológica, gestión estatal y derechos individuales sigue siendo un terreno en desarrollo, sin marcos regulatorios completamente definidos.