Una nueva edición de la encuesta Cadem evidenció que un 83% está de acuerdo con permitir el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa. Asimismo, un 74% considera que el Estado debería tener acceso más rápido a información bancaria sospechosa para enfrentar de mejor manera estas actividades ilícitas.
El apoyo a esta medida está acompañado de exigencias de control. Un 94% de los consultados estima que deben existir sanciones penales para los funcionarios que utilicen indebidamente los datos obtenidos, mientras que un 56% cree que el Congreso debería fiscalizar el uso de esta facultad.
Respecto a seguridad, el informe también mostró una fuerte preocupación por el avance del crimen organizado. Un 97% considera que el problema es actualmente muy grave en Chile y un 95% afirma que ha aumentado durante los últimos cinco años. Además, un 61% cree que seguirá creciendo en los próximos cinco años.
Respecto de las causas, un 57% atribuye el fenómeno a la debilidad del sistema judicial, un 38% a la corrupción de las instituciones y un 36% a la inmigración irregular.
En paralelo, un 81% opina que las organizaciones criminales han logrado infiltrarse en el país, mayoritariamente en Gendarmería y los puertos y aduanas, ambos con 71%, seguidos por bancos e instituciones financieras con 66%.
La PDI aparece como la institución que genera mayor confianza para combatir estos delitos, con un 79%. Le sigue Carabineros (67%) y las Fuerzas Armadas (62%).
Respecto a la gestión del Gobierno, la aprobación del presidente José Antonio Kast alcanzó un 41% y su desaprobación un 53%.
Finalmente, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, mantiene un 54% de respaldo.