Las sanciones por acoso escolar continúan avanzando en el Congreso luego de que la Corte Suprema emitiera un informe técnico sobre el proyecto de ley que busca responsabilizar a padres y apoderados que incumplan las medidas establecidas por los establecimientos educacionales frente a casos de bullying.
La propuesta contempla multas para los adultos responsables cuando, por causas atribuibles a ellos, no colaboren con las acciones correctivas instruidas por el colegio respecto de estudiantes involucrados en situaciones de acoso escolar. Las sanciones podrían variar entre 5 y 50 UTM, dependiendo de la gravedad de cada caso.
Según el proyecto, el proceso se iniciará dentro del establecimiento educacional. Sin embargo, si el apoderado se niega a cumplir las medidas definidas en el protocolo correspondiente, el director deberá derivar los antecedentes al Juzgado de Policía Local para que evalúe la eventual aplicación de una multa.
Observaciones de la Corte Suprema
Tras analizar la iniciativa, el pleno de ministros de la Corte Suprema concluyó que resulta adecuado que los Juzgados de Policía Local sean los encargados de aplicar estas sanciones, considerando que gran parte de su labor está vinculada a materias infraccionales.
Además, el máximo tribunal planteó que el proyecto debe establecer de manera expresa las reglas de competencia para evitar eventuales dudas sobre qué tribunal deberá conocer cada procedimiento.
Otro de los puntos destacados por la Corte Suprema apunta a precisar el concepto de “medidas correctivas”. A juicio de los ministros, la ley debe definir con mayor claridad este término para delimitar adecuadamente las conductas que podrían derivar en sanciones.
El informe también valoró que la infracción tenga un carácter subjetivo. Esto significa que deberá acreditarse una conducta atribuible al apoderado, como negligencia o incumplimiento injustificado frente a las acciones requeridas por el establecimiento. De esta forma, las sanciones por acoso escolar buscan reforzar el compromiso de las familias en la prevención y abordaje de estos hechos dentro de las comunidades educativas.