A menos de dos semanas de que entre en vigencia la Ley de Seguridad Municipal, el Gobierno anunció que presentará un proyecto de ley corta para corregir una serie de problemas detectados durante su implementación y evitar complicaciones en el funcionamiento de los municipios.
La iniciativa, que ingresará por la Cámara de Diputadas y Diputados, fue presentada este jueves por el subsecretario de Seguridad Pública, Gonzalo Guerrero, a representantes de distintas asociaciones de municipalidades.
Buscan evitar dificultades en la aplicación de la ley
La Ley N.º 21.802, publicada el pasado 11 de febrero, comenzará a regir el próximo 12 de agosto. Sin embargo, tras diversas reuniones con alcaldes, el Ejecutivo concluyó que existen aspectos que podrían dificultar su correcta aplicación.
Entre los principales inconvenientes identificados está el límite legal que impide que el gasto en personal municipal supere el 42% de los ingresos propios de cada municipio. Según el Gobierno, esta restricción podría afectar la contratación de nuevos inspectores de seguridad, justo cuando varias comunas buscan reforzar sus equipos.
Otro punto crítico corresponde a la exigencia de que los conductores de vehículos de seguridad municipal cuenten con una licencia de conducir clase F. El Ejecutivo advirtió que actualmente no existe la capacidad suficiente para que todos los funcionarios obtengan esa acreditación antes de la entrada en vigencia de la ley.
Además, el Gobierno detectó que parte de la normativa depende de un reglamento que aún no entra en vigencia, lo que dificultaría su aplicación práctica.
Ley corta busca dar más plazo y flexibilizar normas
Frente a este escenario, el Ejecutivo optó por impulsar un proyecto de artículo único que permitirá introducir ajustes administrativos sin modificar el espíritu de la legislación.
Entre las medidas propuestas figura excluir del límite de gasto en personal las remuneraciones de los trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo que desempeñen funciones de seguridad municipal, facilitando así la incorporación de nuevos inspectores.
La intención del Ejecutivo es que la iniciativa complete su tramitación antes del 12 de agosto, fecha en que comienza la entrada en vigencia de la normativa, con el fin de que los municipios cuenten con las herramientas necesarias para cumplir las nuevas obligaciones establecidas por la ley.
