El Gobierno mantiene su apuesta por una reforma constitucional enfocada en seguridad, pese a los reparos que la iniciativa ha generado incluso dentro del oficialismo.
Aunque el Presidente José Antonio Kast presentó públicamente el proyecto la semana pasada, el mensaje todavía no ingresa formalmente al Senado. Mientras La Moneda prepara su tramitación, un nuevo borrador mantiene las 11 modificaciones constitucionales planteadas inicialmente, aunque incorpora algunos ajustes.
Uno de los principales cambios apunta al nuevo estado de excepción de seguridad pública, que busca entregar mayores herramientas al Ejecutivo frente a situaciones graves.
Hasta ocho meses bajo el nuevo estado de excepción
La propuesta permitiría activar este mecanismo ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada.
Además, el periodo de aplicación aumenta considerablemente: contempla 120 días iniciales, prorrogables por otros 120. De esta manera, una zona podría permanecer hasta 240 días bajo este régimen.
El borrador también modifica quién quedaría a cargo de las zonas afectadas. La versión anterior hablaba de una autoridad de Orden y Seguridad Pública, mientras que ahora establece que dependerán de la autoridad que designe el Presidente.
La reforma también amplía las facultades disponibles durante su aplicación. El Ejecutivo podría restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y la libertad de trabajo.
A esto se suman restricciones al derecho de asociación, acciones sobre documentos y comunicaciones, requisiciones de bienes y limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
La posibilidad de interceptar comunicaciones ya había sido anticipada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, como una de las herramientas que podrían utilizarse en zonas afectadas por el crimen organizado.
Medidas para condenados por crimen organizado
La reforma también establece nuevas restricciones para quienes sean condenados por crimen organizado o conductas terroristas.
El texto propone regímenes penitenciarios diferenciados, con mayores controles sobre comunicaciones, visitas, traslados y beneficios cuando exista riesgo de que los internos continúen coordinando delitos desde las cárceles.
Además, contempla una inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos y mantiene la posibilidad de restringir durante 15 años determinadas prestaciones financiadas con recursos estatales después de cumplir la condena.
Este último punto ha generado cuestionamientos incluso dentro del Gobierno. La ministra de Salud, May Chomali, había expresado reparos por sus posibles efectos sobre el acceso a prestaciones de salud.
Senado deberá aprobar registro de organizaciones criminales
La propuesta mantiene además un mecanismo para declarar determinadas agrupaciones como terroristas o vinculadas al crimen organizado.
El Presidente deberá contar previamente con un informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.
Luego, la declaración tendrá que ser aprobada por el Senado con dos tercios de sus integrantes en ejercicio. La Cámara Alta tendrá cinco días para pronunciarse y solo podrá aprobar o rechazar la solicitud.
Reforma enfrenta reparos dentro del oficialismo
La iniciativa todavía debe ingresar al Senado y ya enfrenta diferencias entre los partidos oficialistas.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ha cuestionado que el Gobierno busque incorporar materias de rango legal directamente en la Constitución y advirtió que sus parlamentarios no respaldarían una reforma demasiado amplia.
Pese a estos reparos, La Moneda mantiene su propuesta y deberá ahora enfrentar la discusión legislativa sobre el alcance de las nuevas facultades del Estado para combatir el crimen organizado y las restricciones que estas medidas podrían generar sobre derechos y libertades.
