La Comisión de Economía del Senado avanzó en el análisis del proyecto de ley que busca prohibir la subcontratación de servicios de teleoperadores (call center) que funcionen fuera de Chile.
En una segunda sesión, la iniciativa —que se encuentra en segundo trámite constitucional— fue debatida por representantes de trabajadores y de empresas que expusieron sus planteamientos sobre el empleo nacional y las condiciones en que opera esta industria en Chile.
En la audiencia participaron Carmen Miranda, Daniela Morel y María Olguín, de la Central de Trabajadores de Chile; Rodrigo Aguilar, de la Coordinadora de Sindicatos de Trabajadores de Call Center; y Florencia Urenda, presidenta de la Asociación Gremial de Empresas de BPO Chile A.G.
Durante el encuentro, los asistentes destacaron la importancia del sector para la generación de puestos laborales, particularmente entre mujeres y jóvenes. No obstante, surgieron cuestionamientos respecto de las medidas necesarias para proteger el empleo chileno ante la contratación de servicios en otros países.
Carmen Miranda explicó que la iniciativa busca impedir que servicios destinados a atender a usuarios nacionales sean contratados en el extranjero. Junto con ello, apuntó a la necesidad de mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan como operadores telefónicos.
Foco de empleabilidad
Según los antecedentes expuestos durante la sesión, los call center representan más de 30 mil empleos en Chile. De ese total, entre el 60% y el 70% de las personas que trabajan en el rubro serían mujeres.
Los representantes de los trabajadores insistieron en la importancia de evitar que estas plazas laborales sigan trasladándose fuera del país.
Por su parte, Florencia Urenda sostuvo que las empresas asociadas operan bajo estándares propios de la industria y cuentan con contratos formales. Sin embargo, advirtió que las compañías establecidas en Chile enfrentan una competencia desigual debido a las diferencias regulatorias, que implican costos más elevados.
Como referencia, mencionó los casos de Estados Unidos, Uruguay e Italia, países que cuentan con regulaciones destinadas a favorecer o fortalecer el empleo local en los servicios de contact center.
Otro tema que generó preocupación fue la externalización de servicios relacionados con organismos públicos, particularmente la atención telefónica de Fonasa. Los representantes de los trabajadores advirtieron sobre los riesgos asociados a los call center que gestionan datos personales o sensibles, especialmente información clínica de los usuarios.
El proceso continuará con una audiencia pendiente ante la Cámara Nacional de Comercio. Asimismo, la comisión acordó extender hasta el 2 de noviembre el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley.
