La agenda de seguridad impulsada por el Gobierno registró este miércoles avances en tres proyectos que se tramitan en el Congreso, con iniciativas relacionadas con la flagrancia, la responsabilidad penal adolescente y la expulsión de extranjeros.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, participó en las distintas instancias legislativas y valoró el avance de las propuestas, que forman parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
Uno de los principales avances ocurrió en la comisión mixta, donde diputados y senadores lograron un acuerdo para resolver las diferencias que mantenían respecto del proyecto que amplía el plazo para considerar un delito en situación de flagrancia.
La instancia aprobó el texto acordado por unanimidad, por lo que ahora la Cámara y el Senado deberán ratificarlo para que pueda continuar su camino hacia la promulgación.
De concretarse ambos respaldos, la iniciativa podría convertirse en la primera ley de la ACOT en completar su tramitación.
Responsabilidad penal adolescente avanza en el Senado
Mientras la comisión mixta cerraba el acuerdo sobre flagrancia, la Comisión de Constitución del Senado aprobó artículos del proyecto que modifica la legislación sobre responsabilidad penal adolescente.
Entre las normas respaldadas figura la posibilidad de decretar prisión preventiva para adolescentes imputados por crímenes.
La propuesta también contempla esta medida para casos en que, durante un control policial, las autoridades no puedan verificar la identidad del adolescente.
El proyecto continuará su discusión legislativa en el Senado.
Cámara avanza con expulsiones administrativas
Otro de los avances se produjo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, que aprobó en particular la reforma constitucional que busca ampliar las facultades para concretar expulsiones administrativas de extranjeros.
La iniciativa corresponde a un mensaje presentado por el Gobierno el pasado 8 de junio y contempla ampliar el período durante el cual una persona puede permanecer retenida administrativamente mientras se tramita su expulsión.
El texto original establecía una renovación de la retención cada 60 días sin control de tribunales. La modificación incorporó una revisión judicial cada 30 días.
El cambio permitió acercar posiciones con parlamentarios de oposición, considerando que la reforma necesita 89 votos en la Cámara para avanzar por tratarse de una modificación constitucional.
Reforma de seguridad sigue sin acuerdo en el Senado
En paralelo, otra de las iniciativas constitucionales vinculadas a la agenda de seguridad permanece detenida en la Comisión de Constitución del Senado.
La propuesta impulsada por el Gobierno todavía no inicia formalmente su discusión en esa instancia. Su presidente, el senador Pedro Araya (PPD), anunció la conformación de un grupo de trabajo con los integrantes de la comisión para buscar un acuerdo con La Moneda.
Las conversaciones podrían retomarse la próxima semana, una vez que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, regrese de Magallanes.
Por ahora existen tres alternativas sobre la mesa para destrabar el proyecto: introducir una indicación sustitutiva que modifique gran parte de la propuesta, retirar el mensaje para impulsar una reforma transversal con apoyo de distintos sectores o fusionar el proyecto con otras iniciativas actualmente en discusión.
El principal desafío radica en el quórum requerido para modificar la Constitución. La propuesta necesita 29 votos en el Senado para avanzar, por lo que el Gobierno deberá alcanzar acuerdos con parlamentarios de distintos sectores.
