Chile enfrenta un escenario cada vez más complejo en materia de seguridad digital. Los ciberataques en Chile alcanzaron una cifra sin precedentes durante el último año.
Un estudio especializado estimó que el país recibió más de 8,8 billones de intentos de ataques cibernéticos, reflejando el aumento de las amenazas que afectan a organismos públicos y empresas privadas.
El reporte Think Ahead, elaborado por la empresa Security Ecosystem Knowledge (SEK), analizó la experiencia de más de mil organizaciones en América Latina. El informe concluyó que los ataques no solo aumentaron en cantidad. También se volvieron más rápidos, sofisticados y difíciles de detectar.
Como referencia, los países analizados registran un promedio de 2.640 ataques semanales por organización, un 35% por sobre la media mundial. Además, el tiempo promedio para descubrir una actividad maliciosa supera los 185 días, incluso en entidades que cuentan con equipos especializados y herramientas de ciberseguridad.
Atacantes actúan en minutos
El estudio advierte que los delincuentes pueden desplazarse por una red corporativa en apenas 29 minutos, un 65% más rápido que el año anterior. Esa diferencia contrasta con los meses que requieren muchas organizaciones para identificar una intrusión.
Otro dato relevante es que el 71% de los accesos iniciales detectados en incidentes reales se produjo mediante identidades comprometidas, es decir, usuarios y contraseñas válidas obtenidas por los atacantes, más que por vulnerabilidades técnicas.
Chile mantiene riesgos pese a nueva legislación
Aunque Chile cuenta con uno de los marcos regulatorios más avanzados de América Latina tras la entrada en vigencia de la Ley Marco de Ciberseguridad, el informe sostiene que el país sigue expuesto al ransomware, el robo de credenciales y los ataques contra infraestructura crítica.
Los ciberataques en Chile ya han afectado a distintas instituciones durante los últimos años. Entre los casos mencionados aparece el ataque que sufrió en 2025 el Instituto de Salud Pública (ISP), el que provocó la interrupción temporal de servidores y plataformas digitales.
El estudio también identifica la presencia activa de grupos internacionales dedicados al secuestro de datos y robo de credenciales que operan en el país.