La Contraloría General de la República dictaminó que las municipalidades podrán otorgar protección “excepcional y transitoria” a alcaldes, concejales y funcionarios municipales que enfrenten amenazas vinculadas al ejercicio de sus cargos.
La medida quedó establecida en el Dictamen N° D262/202 y permite a los municipios adquirir elementos de seguridad personal cuando exista un riesgo acreditado para las autoridades o trabajadores comunales.
Según explicó el organismo fiscalizador, estas medidas deberán tener un carácter temporal y solo podrán aplicarse mientras persista la amenaza.
Protección deberá contar con respaldo policial o del Ministerio Público
La Contraloría precisó que los municipios podrán adoptar estas medidas siempre que exista un informe técnico o evaluación fundada emitida por organismos policiales competentes o una medida de protección instruida por el Ministerio Público.
Además, la implementación deberá ajustarse a la disponibilidad presupuestaria de cada municipio.
El dictamen también señala que las municipalidades tienen la obligación de resguardar condiciones seguras para el ejercicio de funciones públicas, especialmente en contextos asociados a riesgos de seguridad.
En paralelo, el organismo recordó que la nueva Ley N° 21.802 fortalecerá las atribuciones municipales en materia de seguridad pública a partir de agosto de 2026.
Casos de amenazas a autoridades comunales
La decisión de la Contraloría surge en medio de una serie de amenazas que han afectado a distintas autoridades comunales durante los últimos meses.
Uno de los casos ocurrió en marzo, cuando el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, denunció amenazas de muerte tras la demolición de denominadas “narco-casas” en la comuna.
Anteriormente, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, presentó una denuncia luego de recibir amenazas atribuidas a narcotraficantes.
A ello se suman las amenazas denunciadas por el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y el reciente caso que afectó a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.