La incorporación de Chile al Escudo de las Américas llegó hasta la Contraloría General de la República. Los diputados Luis Cuello, Juan Santana, Daniela Serrano, Jaime Bassa e Irací Hassler presentaron un requerimiento para que el organismo revise la legalidad del ingreso del país a esta iniciativa internacional.
El Gobierno informó el 22 de septiembre que Chile se sumó a un “marco de coordinación voluntaria” entre países americanos. Según Cancillería, la iniciativa busca fortalecer el combate contra el crimen organizado transnacional mediante intercambio de información, análisis de datos, capacitación policial y coordinación fronteriza.
¿Qué cuestionan los diputados?
Los parlamentarios sostienen que los compromisos asumidos irían más allá de una coordinación voluntaria. A su juicio, abordarían materias propias de un tratado internacional y, por lo tanto, su tramitación debió considerar al Congreso.
Entre sus argumentos mencionan la declaración conjunta sobre “soberanía hemisférica”, suscrita por los países participantes. Esta contempla tres pilares: económico, seguridad y coordinación multilateral. Además, aborda cadenas de suministro de minerales críticos, intercambio de inteligencia y acciones frente a organizaciones narcoterroristas.
“En este requerimiento estamos demostrando ante la Contraloría que el Escudo de las Américas es un tratado internacional encubierto”, afirmó el diputado Luis Cuello.
Los requirentes también plantean reparos por los posibles alcances sobre minerales críticos, como el litio, y por la referencia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). En este último punto, cuestionan una propuesta para estudiar una “acción colectiva” frente a organizaciones narcoterroristas.
Desde el Ejecutivo han descartado que la iniciativa corresponda a un tratado internacional. El presidente José Antonio Kast sostuvo que se trata de una coordinación entre países, mientras el canciller Francisco Pérez señaló que no contempla el empleo de fuerzas militares y que cada Estado deberá actuar conforme a su legislación.
Finalmente, los diputados solicitaron a Contraloría requerir a Cancillería los documentos, anexos, protocolos y memorándums relacionados con la iniciativa. También pidieron determinar si la incorporación de Chile se ajustó a la normativa vigente.
