Un intenso debate abrió la nueva indicación presentada por el Gobierno al proyecto que modifica el sistema de expulsiones administrativas. La propuesta busca que distintos organismos públicos y privados colaboren con información de extranjeros en situación irregular que enfrenten procesos de expulsión en Chile.
El subsecretario del Interior, Max Pavez ingresó la iniciativa durante la discusión legislativa en el Senado y busca facilitar la localización de personas cuya situación migratoria revisan las autoridades.
Salud, educación y previsión quedarían obligados a colaborar
La indicación contempla que entidades ligadas a salud, educación y previsión puedan entregar antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones cuando exista un procedimiento vigente.
Entre las instituciones que podrían verse involucradas aparecen hospitales, consultorios, establecimientos educacionales, jardines infantiles, Fonasa, Isapres y AFP.
Según el Ejecutivo, el objetivo es evitar que las órdenes de expulsión queden sin ejecutarse por falta de información actualizada sobre el paradero de los involucrados.
El Gobierno estima que actualmente existen cerca de 300 mil extranjeros viviendo de manera irregular en el país, cifra que se busca abordar mediante mayores herramientas de fiscalización.
Ejecutivo defiende medida y descarta uso indebido de datos
Tras la controversia, el subsecretario Max Pavez aseguró que la norma no busca restringir derechos ni negar prestaciones básicas, sino mejorar la capacidad del Estado para notificar sanciones migratorias.
La autoridad explicó que muchas expulsiones no logran concretarse porque las personas cambian constantemente de domicilio o no registran información válida.
Además, afirmó que los antecedentes solo podrían ser requeridos por organismos autorizados, como la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones, y únicamente en casos donde exista un proceso administrativo en curso.
Ministra de Salud marca distancia con la propuesta
Las primeras diferencias dentro del propio Gobierno surgieron desde el Ministerio de Salud. La ministra May Chomali expresó preocupación por el eventual acceso a datos obtenidos durante atenciones médicas.
La secretaria de Estado advirtió que la información clínica se encuentra protegida por la legislación vigente y recordó que el sistema de salud tiene la obligación de atender a todas las personas, independientemente de su situación migratoria.
“Eso está resguardado por el Código Sanitario y la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes”, señaló la ministra, quien adelantó que el tema será revisado internamente por el comité político.
Oficialismo y oposición entran al debate
Mientras sectores del oficialismo han planteado dudas respecto al alcance de la medida, desde la oposición surgieron respaldos a la propuesta.
El senador RN Andrés Longton sostuvo que el intercambio de información permitirá agilizar expulsiones y detectar eventuales irregularidades laborales vinculadas a ciudadanos extranjeros.
En paralelo, el presidente José Antonio Kast defendió la iniciativa y afirmó que el Estado necesita “ordenar” el acceso a distintas prestaciones públicas mediante un mayor control de los usuarios del sistema.