El Gobierno decidió dar más tiempo a la discusión de su reforma constitucional en seguridad y confirmó que modificará la suma urgencia con que ingresó el proyecto al Congreso.
La decisión llegó tras una jornada de reuniones entre La Moneda y los partidos oficialistas, que han cuestionado distintos puntos de la iniciativa y han advertido dificultades para reunir los votos necesarios.
El biministro Claudio Alvarado confirmó que el Ejecutivo cambiará los plazos de tramitación, cuya actual suma urgencia vence el 31 de agosto.
“El propósito de retirar una urgencia o cambiar los tiempos de discusión (…) es la voluntad del gobierno para escuchar, recibir las propuestas y tener un tiempo de análisis en el Congreso Nacional”, señaló.
Gobierno evalúa modificar el estado de excepción
Uno de los principales puntos en revisión corresponde al nuevo estado de excepción constitucional, que ha generado reparos incluso dentro del oficialismo.
La propuesta permite al Presidente extenderlo hasta por 240 días sin una nueva consulta al Congreso. Sin embargo, La Moneda evalúa reducir ese período a 30 días, en línea con los plazos de los estados de excepción que actualmente existen.
El Presidente José Antonio Kast afirmó durante la jornada que “no se ha cerrado el debate” y aseguró que el proyecto puede incorporar cambios durante su discusión parlamentaria.
“Ya se ingresó al Congreso; ahora se recibirán los comentarios de las distintas bancadas, de las distintas fuerzas políticas”, sostuvo.
La iniciativa también contempla otras normas que han generado cuestionamientos, entre ellas las relacionadas con inhabilidades para acceder a derechos sociales en casos de condenas por terrorismo y crimen organizado y la creación de un registro de organizaciones criminales.
Buscan asegurar los votos
El Ejecutivo necesita 29 votos en el Senado y 89 en la Cámara de Diputados para aprobar la idea de legislar, por lo que la negociación con los parlamentarios será clave durante las próximas semanas.
La Moneda busca aprovechar este nuevo margen de tiempo para conversar con las distintas bancadas y modificar los aspectos que generan mayor resistencia.
Este martes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reunirá con el senador independiente Matías Walker, quien ha cuestionado la creación del nuevo estado de excepción y ha planteado que existen herramientas actuales que podrían reforzarse para combatir el crimen organizado.
La jornada también incluyó reuniones entre autoridades del Ejecutivo y representantes de los partidos oficialistas, en medio de las críticas por la falta de un trabajo prelegislativo previo al ingreso del proyecto.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoció que la iniciativa tendrá cambios durante su tramitación.
“La reforma que se presentó la semana pasada sufrió cambios. En la discusión parlamentaria va a haber indicaciones que se van a ir aprobando y, por lo tanto, es muy probable que el proyecto que entró no sea igual al que sale”, afirmó.
Con este giro, el Gobierno busca bajar las tensiones dentro del oficialismo, sumar apoyos en el Congreso y evitar que una de sus principales propuestas de seguridad quede entrampada en su primera etapa de tramitación.
