Un grupo transversal de parlamentarios ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes protagonicen episodios de conducción temeraria. La iniciativa, denominada «Ley Toretto 2.0», nació tras la polémica que provocó el conductor que circuló a 267 km/h por la Costanera Norte, muy por sobre el límite permitido para esa autopista.
El proyecto busca modificar la Ley de Tránsito para que los tribunales retengan de inmediato la licencia de conducir a quienes enfrenten una formalización por delitos viales asociados al exceso de velocidad o a maniobras temerarias.
Buscan cerrar un vacío en la legislación
Actualmente, cuando un conductor supera el límite de velocidad en más de 60 km/h, el hecho constituye un delito y el caso pasa al Ministerio Público. Sin embargo, la normativa vigente solo permite que un juez retenga la licencia como medida cautelar si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Según explicó el diputado Ignacio Achurra (FA), impulsor de la iniciativa, este vacío legal permite que quienes enfrentan cargos por conducción temeraria recuperen su licencia y continúen manejando mientras avanza la investigación.
Piden acelerar la tramitación
Los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo otorgar urgencia al proyecto para agilizar su discusión en el Congreso. La propuesta cuenta con respaldo de legisladores de distintos sectores políticos, desde el Partido Comunista hasta la UDI, incluidos algunos de los autores de la primera Ley Toretto, que endureció las sanciones contra las carreras clandestinas.
De aprobarse, los jueces podrán suspender la licencia de conducir como medida cautelar en este tipo de delitos, impidiendo que los imputados vuelvan a conducir durante el desarrollo de la investigación.
Exceso de velocidad sigue entre las principales causas de muertes
Los impulsores del proyecto también respaldaron la iniciativa con cifras oficiales. Durante los primeros cinco meses de 2026, el exceso de velocidad provocó la muerte de 103 personas, convirtiéndose en la segunda causa de fallecimientos por siniestros de tránsito en Chile.
Con esta modificación, los legisladores esperan fortalecer las herramientas de la justicia para reducir los riesgos en las carreteras y evitar que conductores considerados peligrosos continúen circulando mientras enfrentan un proceso penal.