El debate sobre el uso de la Unidad de Fomento (UF) vuelve al Congreso. El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini anunciaron que insistirán en el proyecto «No más cobros en UF», una iniciativa que busca restringir el reajuste automático en contratos de consumo cotidiano para aliviar el impacto de la inflación en el presupuesto de las familias.
¿Qué propone el proyecto?
La iniciativa plantea que los contratos de hasta 12 meses no puedan fijarse en UF como mecanismo de reajuste. En ese sentido, busca limitar el uso de este instrumento en acuerdos de corto plazo.
Asimismo, en el caso de los arriendos habitacionales, los contratos con una duración de hasta dos años deberán establecer el valor del arriendo en pesos.
Respecto de los establecimientos educacionales que no cuentan con precios regulados, las matrículas y los aranceles también deberán cobrarse en pesos. En este caso, solo se permitirá un reajuste anual conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, el proyecto busca impedir que los contratos combinen la UF con el IPC u otros índices de reajuste. De esta manera, se pretende evitar que un mismo acuerdo aplique más de un mecanismo de actualización de precios. Con ello, los impulsores de la iniciativa buscan reducir el impacto de los reajustes automáticos en los gastos habituales de las familias.
Más transparencia para los consumidores
La propuesta incorpora nuevas obligaciones de información para las empresas y proveedores.
Entre ellas, establece que las ofertas deberán indicar si el precio es fijo o reajustable, entregar un resumen de las principales condiciones antes de la firma del contrato y reportar trimestralmente al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) las fórmulas de reajuste utilizadas cuando los cobros se realicen en UF.
Hipotecas no se verían afectadas
Los parlamentarios aclararon que la iniciativa no modifica el uso de la UF en créditos hipotecarios ni en instrumentos financieros de largo plazo, donde este mecanismo continuará vigente.
En esos casos, el proyecto solo incorpora mayores exigencias de información hacia los consumidores.
Proyecto sigue su tramitación
La iniciativa fue presentada originalmente en 2023. Actualmente, se encuentra a la espera de ser votada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
En paralelo, la senadora Daniella Cicardini reingresó el proyecto al Senado el pasado 10 de junio, incorporando perfeccionamientos técnicos surgidos durante su tramitación y anunciando que buscará respaldos para avanzar en ambas cámaras del Congreso.