La Policía de Investigaciones (PDI) reconoció ante la comisión de Gobierno del Senado que actualmente es “imposible” concretar la expulsión de cerca de seis mil ciudadanos venezolanos que mantienen órdenes vigentes en el país, debido a la ausencia de relaciones diplomáticas con Venezuela.
El tema surgió en medio del debate legislativo sobre el proyecto que busca convertir en delito el ingreso clandestino, iniciativa presentada en 2022 y que será votada en general en la sala.
Al respecto, el prefecto de Migraciones, Ernesto León, expuso las principales trabas para ejecutar las expulsiones de ciudadanos venezolanos en situación irregular.
“No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan”, señaló.
Según detalló León, en la actualidad existen cerca de seis mil deportaciones pendientes hacia Venezuela. Esta situación genera controversia, ya que una proporción relevante de las órdenes de expulsión corresponde a personas de esa nacionalidad.
Asimismo, se estima que en Chile hay cerca de 300 mil migrantes en condición irregular, lo que provoca preocupación entre los parlamentarios, pues cada operativo de expulsión implica altos costos logísticos —incluyendo traslados, escoltas policiales y coordinación internacional—, con un gasto cercano a $3 millones por persona.
En este sentido, congresistas de oposición han criticado duramente al gobierno, pues una de sus principales promesas de campaña fue la expulsión de los inmigrantes irregulares, acción que, por el alto valor que representa, sería compleja de concretar.