El Congreso dio un nuevo avance a una iniciativa que busca reforzar la seguridad en las cárceles del país. Este lunes, una Comisión Mixta aprobó el proyecto que crea nuevas sanciones para quienes lancen objetos prohibidos hacia el interior de los recintos penitenciarios, una práctica conocida popularmente como «pelotazo».
Con este respaldo, la propuesta deberá ser revisada por las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. Si obtiene ambas aprobaciones, quedará lista para su promulgación.
Buscan frenar el ingreso de elementos prohibidos
El proyecto incorpora sanciones para quienes intenten ingresar, mediante lanzamientos desde el exterior, objetos como teléfonos celulares, drogas u otros elementos cuya posesión está prohibida dentro de las cárceles.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, sostuvo que esta práctica requiere una respuesta más severa debido a su impacto en la seguridad de los establecimientos penitenciarios.
«Todo aquel que intente por la vía del lanzamiento introducir objetos indebidos a un recinto penitenciario tendrá una pena grave», afirmó la autoridad tras la aprobación de la iniciativa.
Rabat explicó que las modalidades utilizadas para vulnerar la seguridad de las cárceles han evolucionado con el tiempo, por lo que, a su juicio, la legislación debe adaptarse para enfrentar estas nuevas formas de actuar.
La iniciativa quedó en su etapa final
El proyecto entró en su fase final de tramitación legislativa y solo resta que ambas cámaras ratifiquen el informe elaborado por la Comisión Mixta.
El objetivo es fortalecer el control en el perímetro de los recintos penitenciarios y entregar nuevas herramientas para perseguir penalmente este tipo de conductas, que hasta ahora no contaban con una regulación específica.
Gobierno también impulsa cambios a la responsabilidad penal adolescente
Durante la jornada, el ministro Rabat también abordó otro proyecto que impulsa el Ejecutivo: la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
La iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional, busca endurecer las sanciones para los delitos de mayor gravedad cometidos por menores de edad. Además, el Gobierno anunció que presentará nuevas indicaciones para reforzar el texto, entre ellas medidas destinadas a separar a los jóvenes condenados por delitos graves del resto de la población juvenil privada de libertad.