La negativa a otorgar arresto domiciliario a Alfonso Podlech, exfiscal militar condenado por violaciones a los derechos humanos, abrió un nuevo flanco político y judicial, luego de que el Gobierno respaldara la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Un fallo que mantiene la prisión pese a su condición
La Cuarta Sala del tribunal de alzada confirmó el lunes 27 de abril que Podlech deberá continuar cumpliendo su condena bajo custodia, descartando la posibilidad de sustituirla por reclusión en su domicilio.
El exmilitar, de 90 años, quien cumplía condena en Colina I, permanece actualmente hospitalizado y enfrenta un complejo cuadro clínico que —según su defensa— lo mantiene en fase terminal. Entre sus diagnósticos figuran cáncer prostático, párkinson y otras afecciones que han deteriorado su estado físico y cognitivo.
Aun así, los magistrados optaron por mantener la decisión adoptada previamente por la ministra en visita Paola Plaza.
El rol del gobierno y el giro que tensiona el caso
El elemento que marcó la diferencia en esta etapa fue la postura del Ejecutivo. A través del Programa de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia no solo se hizo parte del proceso, sino que defendió la resolución que rechazó el beneficio.
La intervención fue encabezada por la jefa del programa, Constanza Garrido, quien alegó ante el tribunal respaldando la necesidad de contar con mayores antecedentes periciales, particularmente sobre el estado mental del condenado.
La decisión generó sorpresa, considerando que en otros casos recientes el mismo programa había optado por no intervenir o no oponerse a beneficios similares.
Críticas de la defensa: “No es justicia, es castigo”
Desde la defensa, según consignó La Tercera, la reacción fue inmediata. El abogado Maximiliano Murath cuestionó tanto el fondo de la resolución como el rol adoptado por el gobierno.
“Se está forzando a una persona en estado terminal a permanecer privada de libertad, lo que resulta incompatible con estándares básicos de dignidad”, planteó.
En el plano político, fue más allá y acusó un quiebre con las expectativas de parte del electorado oficialista: “Aquí no se está aplicando justicia, sino una lógica de castigo”, afirmó.
Se abre debate por criterios dispares
El caso volvió a poner en cuestión la consistencia del actuar del Programa de Derechos Humanos. Distintas fuentes advierten que no existe un criterio uniforme frente a solicitudes de beneficios carcelarios en causas de lesa humanidad.
Esa percepción también fue compartida por representantes de víctimas, quienes apuntan a decisiones que parecen responder más a coyunturas que a lineamientos claros.
Próximo paso: recurso de amparo
Tras el fallo, la defensa confirmó que insistirá con un recurso de amparo, buscando revertir la medida en instancias superiores.
De prosperar, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema, donde se volverá a discutir si las condiciones de salud del condenado justifican un cambio en la forma de cumplimiento de la pena.