Un revés sufrió el proyecto que buscaba convertir en delito el ingreso clandestino al país. Este martes la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado optó por rechazar la iniciativa en general, deteniendo su avance en el Congreso.
La propuesta —que ya había superado su primer trámite en la Cámara de Diputados— pretendía introducir cambios a la legislación migratoria vigente para sancionar penalmente a quienes ingresen de forma irregular a territorio nacional.
Gobierno cuestiona decisión
Desde el Ejecutivo manifestaron su molestia tras la votación, subrayando que se trataba de una medida prioritaria en materia de control fronterizo.
El coordinador legislativo del Ministerio del Interior, José Pablo Núñez, recalcó que existía disposición para perfeccionar el proyecto durante su discusión, lamentando que no se avanzara siquiera en la idea de legislar.
En contraste, la presidenta de la comisión, Danisa Astudillo, cuestionó la ausencia de autoridades de gobierno durante la sesión en que se adoptó la decisión.
Un proyecto que endurecía sanciones
El texto proponía establecer penas de cárcel para el ingreso clandestino, junto con multas económicas y la posterior expulsión del país como medida obligatoria.
Además, contemplaba sanciones más altas en casos de reincidencia, prohibiciones de ingreso vigentes o uso de documentación falsa.
Sin embargo, también fijaba excepciones, particularmente para menores de edad y personas en condición de refugio, en línea con estándares internacionales.
Alertas jurídicas y debate de fondo
Durante su tramitación, el proyecto generó inquietudes en distintos organismos. La Defensoría Nacional Pública advirtió eventuales conflictos con tratados internacionales suscritos por Chile.
A ello se sumaron observaciones de la Corte Suprema, que cuestionó aspectos procesales de la iniciativa, especialmente en lo relativo a los plazos de detención, considerando que no se ajustaban a la naturaleza de este tipo de delitos.
Seguridad versus derechos
El debate evidenció posturas contrapuestas. Mientras algunos parlamentarios defendieron la necesidad de reforzar el control de fronteras, otros pusieron el foco en el respeto a compromisos internacionales y garantías fundamentales.
En esa línea, el senador Andrés Longton, impulsor del proyecto, defendió que la soberanía de los países debe primar por sobre cualquier interpretación del derecho a migrar.