El lunes pasado, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, pidió votar el reglamento que aplicaría un test de drogas a los miembros del Congreso.
Este examen se transformó en norma legal, al quedar dentro de la Ley de Presupuestos de 2022. Sin embargo, para su implementación requería de un reglamento específico, que hasta la fecha aún no está elaborado.
Este test se iba a aplicar semestralmente, por lo que dada la demora del reglamento -que aún está en manos de la Comisión de Constitución- y la cercanía de la mitad del año, se estaría incumpliendo una disposición legal.
Precisamente ese ha sido uno de los argumentos del parlamentario para presionar a la mesa de la Cámara -que encabeza Raúl Soto– con el fin de agilizar el reglamento y darle una prioridad esta semana.
Sin embargo, la iniciativa ha generado opiniones divididas entre los parlamentarios.
“Dos diputados, Diego Ibáñez y Emilia Schneider, se oponen a poner en primer lugar de tabla la obligación de someterse a test de drogas para todos los parlamentarios… La ciudadanía exige saber qué diputados son consumidores, como se aprobó en ley que presenté para eso”, dijo la diputada Pamela Jiles.
Aún existen puntos que falta aclarar, como por ejemplo, si el examen tendrá un carácter obligatorio o si será de saliva, orina o pelo. Este último es el que tiene un mayor rango de detección del consumo de estupefacientes o psicotrópicos.
En contraparte, la diputada independiente Ana María Gazmuri, quien ha sido activista para despenalizar el consumo de la cannabis, dijo que la arremetida era “una forma liviana” de abordar el tema. “Hay un examen de droga que tiene como finalidad una multa. El argumento que se da es que permitiría detectar a los parlamentarios que tienen compromisos con narcotraficantes… La inmensa mayoría de los consumidores de cannabis cultivan precisamente para no tener ese contacto con los traficantes.”
El secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, propuso que el sistema fuera aleatorio, pero que estuviera configurado para que todos los diputados se hagan el examen alguna vez dentro de su período legislativo. Según la propuesta, quien se resista sería multado, pero no se le aplicaría ninguna sanción mayor, ya que el fuero protege al parlamentario frente a sanciones más drásticas como una eventual destitución.
Sea como sea, la resolución de estos temas quedará para fines de junio. CHH
