El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), es un acuerdo que involucra a Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Chile. Es el tercer Tratado de Libre Comercio más grande del mundo, después del CETA (entre Canadá y la UE) y el USMCA (Canadá, Estados Unidos y México).
Cabe recordar que, en marzo de 2018, los once países miembros sellaron el acuerdo en Viña del Mar y posteriormente cada uno debía ratificarlo. A la fecha el único que no lo ha hecho es Chile. El proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados en 2019, pero aún falta la votación en el Senado, instancia que está puesta en tabla este miércoles desde las 16:00 horas.
Según Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, aprobar este tratado «tendrá una serie de consecuencias que beneficiarán directamente el bolsillo de los chilenos. Con el TPP11, nuestro país tendrá acceso al mercado de Asia Pacífico, que agrupa a más de 500 millones de personas y que representa cerca del 15% de PIB mundial”.
Agrega que “también implica el ingreso de 3.100 de nuestros productos a mercados como el de Japón, Malasia, Canadá o México, con importantes beneficios arancelarios para sectores clave en nuestra economía productiva, como el agrícola, forestal y pesquero. Además, se eliminarán prácticamente todos los impuestos de importación entre los países miembros. El acuerdo será un motor para el desarrollo, generando ingresos anuales por cerca de dos puntos de PIB”.
Weber también resalta que ante el escenario de incertidumbre internacional resulta fundamental abrir nuestra economía a más mercados.
“El tratado garantizará reglas del juego claras y modernas, dándoles a nuestros exportadores e inversionistas la certeza necesaria para sus negocios, algo fundamental en un momento de recesión y ante una proyección que muestra que nuestra economía seguirá contrayéndose el próximo año, con una caída de la inversión cercana al 4% y la consecuente destrucción de empleos”, complementa.
Sin embargo, el proyecto ha generado críticas dentro del espectro político. Uno de los puntos que se instala en el centro del debate es el mecanismo de solución de controversias, que establece tribunales ad hoc (no permanentes) en caso de diferencias entre estados miembros e inversionistas. Algunos sostienen que esto amenazaría nuestra soberanía.
Para afrontar ello, el Gobierno anunció que no publicará el proyecto hasta no ratificar las cartas bilaterales (o «side letters»), a través de las cuales Chile busca establecer acuerdos paralelos que dejen sin efecto, entre otras cosas, la competencia de tribunales internacionales para la resolución de controversias entre inversionistas y los Estados miembros del TPP11. Lo anterior, según la ministra Camila Vallejo, con el fin de «resguardar los intereses nacionales ante posibles demandas de firmas privadas». CHH
