Señor Director,
Si los fallos de la Contraloría o de la justicia se determinaran según la percepción de “justos” o “injustos” de quienes deben cumplirlos, pocos acatarían dichas resoluciones.
Yo puedo considerar injusto el cobro de las contribuciones, pero ello no me faculta para dejar de pagarlas. Del mismo modo, puedo discrepar de un fallo judicial o de la Contraloría, pero esa discrepancia no me otorga derecho alguno para incumplirlo.
Mientras a los ciudadanos se les exige cumplir rigurosamente con sus obligaciones (como el pago del CAE, impuestos, transporte público, patentes comerciales, contribuciones, permisos de circulación y derechos de aseo, entre muchas otras), y el incumplimiento trae consigo severas consecuencias, resulta inaceptable que una autoridad no cumpla con una obligación básica: pagar una deuda establecida por sentencia.
Durante más de un año, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, no restituyó a las arcas municipales los fondos ordenados por un fallo de la Contraloría. Solo consultó la posibilidad de pagar en cuotas después de que solicitáramos información a través de los mecanismos de transparencia.
Mi rol como concejal es fiscalizar y velar por el correcto uso de los recursos de todos los vecinos de Colina. Ello incluye exigir que los dineros que deban reintegrarse en virtud de sentencias o fallos sean efectivamente devueltos al municipio.
Esto no es intentar utilizar políticamente una situación administrativa, como indicó la alcaldesa en su carta al Director; es exigir, al igual que a cada ciudadano, el cumplimiento de un fallo.
Carlos Alberto Andrews
Concejal de Colina
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