Las llamadas spam podrían enfrentar nuevas restricciones en Chile, luego de que el Senado aprobara en general un proyecto de ley que busca regular las comunicaciones publicitarias no solicitadas. La propuesta pretende entregar mayor control a los consumidores sobre los contactos que reciben de las empresas.
La iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional, plantea modificar la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, estableciendo nuevas obligaciones para los proveedores que realizan llamadas telefónicas o envían mensajes con fines comerciales.
Uno de los principales cambios es que las empresas deberán contar con el consentimiento previo, expreso y específico de las personas antes de contactarlas para ofrecer productos, servicios o promociones.
Además, el proyecto contempla reglas sobre cómo debe entregarse dicha autorización y durante cuánto tiempo tendrá validez. También establece mecanismos para que los usuarios puedan revocar su consentimiento cuando decidan dejar de recibir estas comunicaciones.
Multas por incumplimiento
La propuesta considera sanciones económicas para las empresas que no respeten las nuevas exigencias. En concreto, las infracciones podrían alcanzar multas de hasta 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), cifra que supera los $72 millones.
Otro aspecto relevante es la identificación de las comunicaciones. El texto busca que las llamadas publicitarias, promociones y determinadas gestiones de cobranza puedan ser reconocidas por los destinatarios.
Durante su discusión, los senadores también abordaron la necesidad de coordinar esta regulación con la nueva normativa de protección de datos personales, además de precisar sus alcances respecto de las cobranzas.
Por ahora, el proyecto sobre llamadas spam todavía no es ley, por lo que deberá continuar su tramitación legislativa antes de que las nuevas obligaciones y sanciones puedan entrar en vigencia.
