La Contraloría General de la República endureció el tono y despejó dudas. Este martes, el organismo emitió un instructivo que reafirma que el test de drogas para altas autoridades es obligatorio, vinculante y con plazo definido.
La directriz, firmada por la contralora Dorothy Pérez, establece que ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio deben someterse al examen al momento de asumir o dentro de los 30 días siguientes.
La medida se sustenta en el artículo 110 de la Ley N° 21.806, que exige un control mediante muestra de pelo para detectar consumo de sustancias ilegales. Los resultados, además, deben ser públicos.
Autoridades bajo observación
El instructivo no solo aclara el procedimiento, sino que también abre un flanco: autoridades que ya superaron el plazo sin realizarse el examen podrían estar incumpliendo la ley.
En ese escenario, la Contraloría confirmó que existen fiscalizaciones en curso, con el objetivo de determinar si hubo incumplimientos efectivos.
La situación se vuelve más compleja en casos de autoridades que dejaron sus cargos pocos días después de asumir, donde no existe certeza sobre si cumplieron con la exigencia.
Advertencia por probidad administrativa
El organismo fue explícito respecto de las consecuencias. “El incumplimiento (…) puede configurar una infracción al principio de probidad administrativa y un incumplimiento de un deber legal expreso”, señala el instructivo.
La advertencia apunta tanto a quienes no se han realizado el examen como a eventuales maniobras para evitar o dilatar su aplicación.
Desde el Congreso: “La Contraloría dijo otra cosa”
El instructivo fue valorado por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien junto a la senadora Daniella Cicardini impulsó el requerimiento.
“La Contraloría confirma que la obligación es vinculante, que el plazo está corriendo para algunos (y cumplido para otros), y que hay una fiscalización en curso”, afirmó.
El parlamentario añadió: “Nos dijeron que era show. La Contraloría dijo otra cosa. Estaremos atentos a lo que viene”.
Una exigencia que llegó para quedarse
A diferencia de experiencias previas, la normativa actual establece un estándar permanente para las autoridades del Estado.
El instructivo también fija que el examen deberá repetirse al menos dos veces al año, reforzando los criterios de transparencia y probidad.
En paralelo, desde el Congreso insisten en un punto clave: no solo basta con realizar el test, sino que sus resultados deben ser informados públicamente, tal como exige la ley.