El avance del crimen organizado en la RM sigue mostrando señales de preocupación. Un estudio elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián reveló que las causas vinculadas a este fenómeno prácticamente se duplicaron en la última década en la Región Metropolitana.
El informe analizó 74 delitos asociados a estructuras criminales y revisó estadísticas del Poder Judicial entre 2014 y 2024. Según los resultados, en ese período se registraron 701 mil 307 salidas de causas relacionadas con crimen organizado en el país, de las cuales el 36,6% correspondió a la Región Metropolitana.
Aumento sostenido en la capital
Las cifras muestran que las causas terminadas pasaron de 16 mil 53 en 2014 a 33 mil 702 en 2024, lo que representa un incremento de 109,9% en diez años. Además, la participación de estos delitos dentro del sistema penal nacional aumentó desde un 2,4% hasta un 5,2% durante el mismo período.
Entre los ilícitos más frecuentes destacan los vinculados al tráfico de drogas, que concentran el 59,4% de las salidas. Le siguen los delitos relacionados con armas, con un 19%, mientras que el contrabando y los hechos violentos asociados a organizaciones criminales alcanzan el 7,8%.
Otro dato relevante es que solo el 42,6% de las causas en la región terminó con una salida judicial, porcentaje inferior al promedio nacional. Dentro de esos casos, el 25% concluyó con una sentencia condenatoria. En contraste, el archivo provisional fue la resolución más recurrente, representando el 30,8% de los términos.
El estudio también identificó diferencias entre las fiscalías de la capital. La Fiscalía Centro Norte concentra la mayor cantidad de causas, mientras que la Fiscalía Oriente presenta la mayor proporción de salidas judiciales. Por su parte, la Fiscalía Sur lidera en porcentaje de condenas.
Para los investigadores, el crecimiento del crimen organizado en la RM refleja un desafío cada vez más complejo para el sistema de persecución penal y evidencia la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar este tipo de estructuras delictivas.