Una investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la PDI permitió desarticular una organización vinculada al tráfico ilícito de migrantes, favorecimiento de la prostitución y lavado de activos. La estructura operaba principalmente desde departamentos ubicados en Providencia y dejó tres personas formalizadas.
Las diligencias comenzaron tras una denuncia anónima y permitieron identificar a dos ciudadanos ecuatorianos y una mujer chilena. Según Fiscalía, Juan Carlos Romo lideraba el grupo y ejercía control sobre las mujeres que prestaban servicios sexuales.
“En su inicio las mujeres sabían a lo que se iban a dedicar, pero efectivamente existía un cierto control”, explicó la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Camila López.
Control, cámaras y registros
La investigación detectó cámaras al interior de los departamentos, además de un libro de asistencia y un huellero para registrar ingresos y salidas. Las mujeres también debían cumplir con una determinada cantidad de clientes diariamente.
Foto: @PDI_CHILE
De acuerdo con la persecutora, ellas recibían entre el 60% y 70% del monto cobrado por cada servicio. Asimismo, se estableció que una ciudadana colombiana habría ingresado al país bajo la dirección del líder para ejercer la prostitución.
El procedimiento permitió rescatar a 13 mujeres adultas argentinas, colombianas, venezolanas y chilenas. Fiscalía indicó que presentaban principalmente vulnerabilidad económica y, entre las extranjeras, falta de redes de apoyo.
Foto: @PDI_CHILE
Millonarios movimientos de dinero
La investigación por tráfico ilícito de migrantes estableció movimientos de ganancias ilícitas superiores a $3.600 millones. Para ocultarlas se habría utilizado una empresa de papel denominada Gestión de Proyectos Profesionales. Además, fueron congeladas 14 cuentas corrientes.
Dos imputados quedaron en prisión preventiva, mientras el tercero recibió arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La evidencia incautada continúa bajo análisis y podría derivar en nuevas formalizaciones.
