La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa impulsada por el gobierno de José Antonio Kast que busca reforzar la seguridad en establecimientos educacionales, incluyendo medidas como la revisión de mochilas.
La propuesta fue visada en general con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, en medio de un intenso debate político marcado por cuestionamientos desde la oposición, particularmente desde parlamentarios del Distrito 8.
Críticas del diputado Gatica
Uno de los principales cuestionamientos provino del diputado Gustavo Gatica (PC), quien rechazó la iniciativa y cuestionó directamente el rol que se le asigna a los docentes. “Yo quiero ser bien claro, los profesores no fueron formados para estar revisando mochilas, fueron formados para educar”, señaló.
El parlamentario de Colina advirtió que el proyecto presenta falencias estructurales, comenzando por la ausencia de financiamiento, lo que —a su juicio— terminaría trasladando nuevas responsabilidades a profesores y asistentes de la educación.
“¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente va a recaer en los profesores o en los asistentes de la educación la tarea de fiscalizar a los estudiantes”, afirmó.
Asimismo, planteó que la iniciativa no aborda el problema de fondo, apuntando a la crisis de salud mental que afecta a las comunidades educativas. “La violencia es un síntoma de un sistema de salud mental colapsado y abandonado”, sostuvo.
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Urrutia también rechaza la medida
Desde el mismo distrito, la diputada Tatiana Urrutia (FA) también votó en contra del proyecto, apuntando a posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
Entre sus principales críticas, cuestionó que la revisión de mochilas pueda afectar la privacidad de niños, niñas y adolescentes, calificando la medida como “estigmatizante”.
Además, sostuvo que el enfoque de la iniciativa se centra en medidas punitivas, sin abordar las causas estructurales de la violencia escolar.
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Oficialismo respalda el proyecto y cuestiona el rechazo
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa y criticaron a quienes votaron en contra, señalando que el proyecto busca entregar herramientas concretas para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales.
El diputado Diego Schalper (RN) fue uno de los más duros en el debate, apuntando directamente a sectores que rechazaron la propuesta: “Yo lo único antipobres que conozco es un sector político de esta sociedad que ha controlado los liceos públicos del Estado al servicio de la violencia”, sostuvo durante su intervención en la Sala.
En la misma línea, el parlamentario defendió la necesidad de avanzar en medidas que permitan recuperar la seguridad en las comunidades educativas, en medio del aumento de hechos de violencia en colegios a nivel nacional.
Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), presidente de la comisión de Educación, respaldó con fuerza una de las medidas más controvertidas del proyecto: “¿Por qué les vamos a financiar los estudios a estos delincuentes?”, señaló, en relación a la restricción de gratuidad para quienes cometan delitos en contextos escolares.
Gobierno abre puerta a modificaciones
En medio de la discusión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, aseguró que el Ejecutivo está disponible para introducir cambios durante la tramitación en el Senado. “Estamos dispuestos a seguir incorporando precisiones o mejoras que permitan lograr los consensos”, señaló.
La autoridad adelantó que se evaluarán ajustes, particularmente en lo relacionado con la restricción de gratuidad, para acotarla a delitos cometidos en el contexto escolar.
Un debate que sigue abierto
Pese a su aprobación en la Cámara, el proyecto continúa generando división política. Mientras el oficialismo lo defiende como una herramienta necesaria para enfrentar la violencia escolar, desde la oposición insisten en que no aborda las causas profundas del problema y podría afectar derechos de los estudiantes.
Con su paso al Senado, la iniciativa abre una nueva etapa donde se espera que las diferencias vuelvan a marcar el debate legislativo.