El proyecto de ley “Escuelas Protegidas” avanzó este lunes en el Senado tras ser aprobado en general por la Sala de la Cámara Alta. Sin embargo, el gobierno enfrenta dificultades para concretar su despacho antes de la cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio.
La iniciativa obtuvo 24 votos a favor, 6 en contra, 11 abstenciones y un pareo, en medio de un debate marcado por cuestionamientos desde sectores oficialistas y de oposición.
Gobierno no logró despacho inmediato
Pese a que el Ejecutivo ingresó el proyecto con discusión inmediata y el Senado realizó una sesión especial para abordar la iniciativa, la tramitación no alcanzó a completarse durante la jornada.
Ante el extenso debate, los comités parlamentarios acordaron votar solo la idea de legislar y dejar la revisión en particular para este martes a las 16:00 horas.
Esta decisión también obligó a la Cámara de Diputados a postergar la discusión del proyecto para después de la cuenta pública presidencial.
El escenario representa un revés para el gobierno del Presidente José Antonio Kast, ya que La Moneda buscaba llegar al 1 de junio con la iniciativa convertida en ley.
Quiénes votaron en contra
Entre los parlamentarios que rechazaron el proyecto se encuentran la senadora independiente Fabiola Campillai, además de los parlamentarios comunistas Daniel Núñez, Claudia Pascual y Karol Cariola.
A ellos se sumaron los frenteamplistas Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez.
Qué propone el proyecto Escuelas Protegidas
El proyecto contempla seis artículos y busca fortalecer medidas de seguridad y convivencia en establecimientos educacionales.
Uno de los puntos centrales incorpora un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria: que las personas no registren condenas por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica, la propiedad o la infraestructura pública.
Además, la iniciativa permitiría que los establecimientos educacionales implementen protocolos internos para la revisión de mochilas, bolsos y otros objetos personales de estudiantes.
La Moneda aún evalúa alternativas
Pese al retraso legislativo, el Ejecutivo todavía cuenta con herramientas para acelerar la tramitación.
Entre ellas figura la facultad presidencial de solicitar sesiones especiales al Congreso, mecanismo que obliga a citar a la Cámara “a la brevedad posible”.
La última vez que se utilizó esta atribución fue durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, en medio de la discusión de la reforma de pensiones en enero de 2025.