El Gobierno presentó una propuesta de siete pilares para enfrentar el alza del diésel y sus efectos en el transporte de carga. Sin embargo, el plan no contempla la principal exigencia de los gremios: establecer por ley la obligación de traspasar el incremento del combustible a las tarifas de los fletes.
La iniciativa fue expuesta el jueves en una reunión que contó con los subsecretarios de Economía, Karlfranz Koehler; de Hacienda, Sebastián Vallebona, y de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, además de representantes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC).
Uno de los principales medios será un Indicador Diésel Especial, desarrollado junto al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), herramienta que se complementará con una calculadora del Índice de Costos del Transporte (ICT), que permitirá a cada transportista ingresar sus gastos y calcular un reajuste acorde con su estructura de costos.
El Ejecutivo también impulsará una campaña de difusión junto a los gremios, con actividades en regiones. La iniciativa estará dirigida especialmente a quienes mantienen contratos sin mecanismos de reajuste.
No obstante, el documento precisa que esta alternativa “no establece un recargo obligatorio por ley”, manteniendo fuera del plan una de las dos solicitudes que ambas confederaciones calificaron como “indeclinables” durante una reunión con Koehler el pasado 30 de septiembre.
La segunda demanda busca corregir una distorsión tributaria relacionada con el componente variable del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Antes del encuentro, el presidente de la CNDC, Juan Araya, señaló a Emol la postura del sector. “Lo que queremos nosotros es que cuando el petróleo suba, suba la tarifa. Lo demás es tirar la pelota”, sostuvo.
Créditos y modificaciones tributarias
Por otra parte, el Gobierno incluyó el Fogain Transporte, que ofrece créditos a pequeñas y medianas empresas del rubro con garantías estatales de entre 90% y 95%, frente al 50% a 80% del Fogape general.
El mecanismo contempla seis meses de gracia, plazos que duplican los actuales y tasas de interés de entre 8% y 9%, inferiores al rango de 12% a 14% usadas generalmente. Según una simulación oficial, las cuotas mensuales disminuirían un 41%.
Hacienda, además, presentó indicaciones al proyecto que modifica la Ley N° 20.765, actualmente en segundo trámite legislativo, para facilitar la recuperación del impuesto específico. La propuesta permitirá acumular el impuesto negativo y compensarlo con los débitos cuando vuelva a ser positivo.
Zonas de descanso y fiscalización
En infraestructura, el Ejecutivo informó que actualmente existen 165 zonas de estacionamiento de la Dirección de Vialidad y otras 41 áreas de descanso concesionadas. A ellas se suman cinco instalaciones en construcción en la Ruta 5 y otras diez cuyo inicio está programado entre 2027 y 2030. Los gremios deberán priorizar los lugares donde se necesitan nuevos espacios.
Respecto del pesaje, el Gobierno propone modificar el proyecto correspondiente al Boletín N° 8.654-15 para que las multas por sobrepeso sean pagadas por la empresa generadora y el dueño de la carga, “no el conductor ni el dueño del camión”.
El último pilar contempla medidas de seguridad asociadas a la Ley N° 21.750, como cámaras, lectores de patentes, iluminación y acceso policial a datos de circulación en tiempo real. Los contratos vigentes deberán incorporar estas medidas hasta julio de 2030.
La calculadora del ICT estará operativa un día después del alza de combustibles pronosticada para el jueves 22 de octubre. Mientras tanto, los gremios han advertido sobre eventuales paralizaciones.
Tras reunirse con el presidente José Antonio Kast el martes, el titular de la CNTC, Sergio Pérez, señaló que “son nuestras bases las que definen cuál es el camino a seguir”.
