El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un masivo proceso de fiscalización a diversas instituciones y empresas, con el objetivo de verificar si han implementado los ajustes y correcciones detectados en procesos anteriores o si mantienen conductas fuera del marco de la ley.
El despliegue contempla a más de 80 proveedores en regiones del país, mediante acciones de fiscalización presencial, documental y digital. En caso de detectar incumplimientos, podrían enfrentar acciones ante la justicia.
Uno de los focos son las instituciones de educación superior. El Sernac busca comprobar si universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica están cumpliendo con las exigencias establecidas en la Ley Pro Consumidor respecto de la entrega de certificados.
La normativa establece que estas instituciones deben otorgar gratuitamente certificados de estudios, notas, estado de deuda u otros documentos similares cuando sean solicitados por alumnos o exalumnos. Esta obligación también considera a quienes hayan suspendido sus estudios o se encuentren morosos con la institución educacional.
Los certificados pueden solicitarse hasta dos veces al año y deben ser emitidos dentro de diez días hábiles desde la presentación de la solicitud. Además, pueden entregarse de forma electrónica o deben ser proporcionados en papel cuando el establecimiento no cuente con ellos o cuando el solicitante lo pida expresamente.
En un proceso fiscalizador anterior, la entidad detectó un alto nivel de incumplimiento de esta normativa por parte de las instituciones de educación superior. Debido a que era la primera revisión en esta materia, el organismo envió un oficio circular y un recordatorio a las instituciones para reforzar sus deberes, destacando la importancia de garantizar el acceso a información veraz y oportuna.
Otros comercios
El proceso considera a empresas importadoras, respecto de las cuales se analizará el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la información de precios, el derecho a garantía legal y el “sello SEC”, entre otros aspectos.
Asimismo, serán fiscalizados centros de entretención infantil, donde se verificará el cumplimiento de los deberes de información sobre precios y la incorporación de medidas de seguridad para el uso de las instalaciones por parte de niños.
En el comercio electrónico, revisará los ajustes realizados por proveedores en sus sitios web, especialmente en relación con la información sobre el derecho a retracto de los consumidores.
Concluido el proceso de fiscalización, el organismo analizará los antecedentes. Si detecta infracciones, y dependiendo de su gravedad, podría denunciar ante la justicia para solicitar las multas respectivas.
