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Caso Carabineros: Ministerio Público solicitó la intervención telefónica de los imputados para acreditar los delitos

En la investigación se realizaron seguimientos, intercepciones telefónicas, búsqueda de inversiones en el extranjero, alzamiento del secreto bancario y escuchas telefónicas.

Foto: Agencia Uno 

En el caso de corrupción más grande de la historia de Carabineros de Chile, la fiscalía hizo llegar al Juzgado de Garantía de Punta Arenas un documento señalando que “se está investigando una asociación ilícita dedicada al menos desde el año 2011, a realizar maniobras de adulteración de los registros de bases de datos de Carabineros de Chile, efectuando transferencias electrónicas desde cuentas institucionales a cuentas bancarias personales de funcionarios policiales activos, funcionarios en retiro, familiares de los mismos y civiles, para hacer pasar dichos depósitos como remuneraciones, viáticos u otros”.

El Ministerio Público, para detallar el rol de cada uno de los sospechosos, hizo llegar al tribunal el nombre y el vínculo de cada uno. Según el documento se entrega información de 99 personas, donde están los oficiales investigados, sus cónyuges y sus hijos, que en algunos casos no superarían los 3 años de edad.

Además, el fiscal Campos dio cuenta de 59 sociedades, donde se detalla cuál pertenece a los oficiales (r) investigados. Héctor Nail Bravo -uno de los sindicados sospechosos- se le vincula a una inmobiliaria que también es “ de propiedad de Nelson Valenzuela, quien es funcionario en retiro de Carabineros de Chile)”.

Aquí también estaría involucrada la pareja del teniente coronel Nail, dado que se entregaron antecedentes por su vínculo con un empresa de transportes, en la cual también, según la fiscalía, participa el oficial de Carabineros.

Bajo este contexto, el Ministerio Público solicitó “decretar la medida cautelar real de retención sobre las cuentas corrientes y demás productos financieros de las personas naturales y jurídicas señaladas”, oficiando para esto a 17 instituciones financieras que tienen algún tipo de vinculación con las personas investigadas.

Entre las diligencias solicitadas por el Ministerio Público al tribunal estaban la intervención de teléfonos de imputados. Así lo expone la fiscalía, con información proporcionada por el OS-7, al juzgado.

En el escrito se indica que “diversas intervenciones telefónicas autorizadas respectivamente por el Juez de Garantía, referidas a coordinaciones entre los sujetos implicados para “maquillar” las bases de datos que previamente habían sido adulteradas, con el objeto de no ser descubiertos en una investigación de Contraloría Financiera llevada a cabo por Inspectoría General de Carabineros, iniciada por instrucción particular de este Fiscal, de 23 de diciembre de 2016 mediante Oficio Nº209/2016”. CH H.

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