Un 71% de las personas encuestadas percibe un alto nivel de corrupción en el país y el Estado. Así lo reveló el informe “Claves Ipsos” N°55, desarrollado junto a Chile Transparente, el cual abordó sobre la probidad y corrupción en el país, en municipios y sobre la nueva Ley de Protección de Datos Personales.
Según los resultados, la ciudadanía percibe un alto nivel de corrupción, aunque esta impresión disminuye cuanto más cercano es el ámbito a su experiencia: 54% en su región, 40% en su comuna y 35% en las relaciones interpersonales. Además, el 41% considera alta la corrupción en la empresa privada.
Así, la corrupción se impone a la probidad en 12 de las 15 instituciones evaluadas en Chile, de acuerdo con el informe.
Los partidos políticos encabezan la lista, con un 74% de asociación a la corrupción. Les sigue el Congreso Nacional, con un 70%, mientras los Tribunales de Justicia alcanzan un 59%. Las municipalidades registran un 55% y el Estado, un 54%.
La Policía de Investigaciones (PDI) obtiene un 37% en percepción de probidad, seguida por Carabineros, con un 36%, y las Fuerzas Armadas, con un 35%. Emprendedores y dueños de pequeños negocios destacan entre los actores de la sociedad civil, con un 69% de percepción de conducta honrada.
La directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda Mayorga, advirtió sobre el impacto de estos resultados.
“En un contexto de crisis de confianza persistente, resulta especialmente preocupante el alto desprestigio de las instituciones asociadas a los tres poderes del Estado que se ha instalado en la ciudadanía. La fuerte asociación a corrupción de estas instituciones nos habla de una importante erosión de la confianza en el correcto funcionamiento de la democracia”, comentó.
Además, un 44% declara no confiar en las instituciones chilenas encargadas de combatir la corrupción, frente a un 22% que manifiesta confianza.
En cuanto a las municipalidades, solo un 29% considera que cuentan con herramientas suficientes para prevenir la corrupción. Apenas un 19% las califica como transparentes al rendir cuentas sobre fondos públicos. Asimismo, un 46% cree que alcaldes y concejales anteponen sus intereses personales a los de la comunidad.
Para fortalecer la probidad local, la ciudadanía prioriza aumentar el control de los recursos públicos, con un 56%; investigar y sancionar faltas de probidad, con un 51%, y transparentar los criterios de entrega de ayudas, con un 50%.
De cara a una eventual Reforma al Empleo Público, la principal exigencia es transparentar los criterios de selección de funcionarios, medida mencionada por el 61% de los encuestados.
Sobre la nueva Ley de Protección de Datos Personales, la mitad de la población afirma haber oído hablar de ella, pero solo un 33% de ese grupo comprende su alcance. Pese a ello, un 80% expresa alta preocupación por el tratamiento de su información personal.
El Registro Civil genera mayor seguridad, con un 58%, seguido por el Registro Social de Hogares, con un 50%. En cambio, las redes sociales son consideradas las más inseguras, con un 72%, seguidas por las empresas de delivery, con un 59%.
