Este lunes, parlamentarios de los partidos Republicano y Nacional Libertario abrieron un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión económica del gobierno del expresidente Gabriel Boric al presentar una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, a quien responsabilizan políticamente por las inconsistencias detectadas en el último Informe de Finanzas Públicas de la anterior administración.
Los impulsores del libelo sostienen que el exsecretario de Estado habría infringido normas relacionadas con la administración financiera del Estado y que las cifras cuestionadas afectaron la confianza en la conducción económica del país.
Parlamentarios cuestionan gestión económica del gobierno anterior
Uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado por el distrito 8, Agustín Romero, afirmó que la acusación apunta a esclarecer las responsabilidades políticas de quienes participaron en el manejo económico del gobierno anterior.
La acción se enmarca en la controversia generada tras la revisión de las proyecciones fiscales contenidas en el Informe de Finanzas Públicas, documento que ha estado bajo cuestionamiento durante las últimas semanas.
Ejecutivo pide centrar el debate en los fundamentos
El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, se refirió a la acusación constitucional y reconoció que el Congreso está ejerciendo una atribución legítima. Sin embargo, manifestó su preocupación por el uso recurrente de este tipo de mecanismos.
La autoridad sostuvo que el debate político debe desarrollarse sobre la base de argumentos sólidos y advirtió que una sucesión de acusaciones constitucionales podría terminar debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
En esa línea, enfatizó que este tipo de acciones solo se justifican cuando existen antecedentes fundados que acrediten incumplimientos graves de las obligaciones constitucionales de una autoridad.
Gobierno defiende cobros a deudores del CAE
Durante la misma jornada, Alvarado también abordó la polémica por los embargos realizados por la Tesorería General de la República a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Según explicó, el Estado está facultado para recuperar recursos desembolsados tras hacerse efectivas las garantías asociadas a créditos impagos. Asimismo, indicó que las medidas de cobro continuarán aplicándose en aquellos casos donde existan ingresos suficientes y no se haya optado por mecanismos de regularización.
Debate por secreto bancario sigue abierto
Otro de los temas abordados por el ministro fue la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario en investigaciones penales.
Al respecto, defendió el sistema vigente y recordó que actualmente los tribunales pueden autorizar el acceso a información bancaria cuando es requerida por el Ministerio Público. Además, expresó su confianza en que las diferencias existentes sobre esta materia puedan resolverse en las próximas etapas de tramitación legislativa.