El proyecto que establece las nuevas reglas de uso de la fuerza para Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) avanzó en su tramitación legislativa. Este miércoles 7 de octubre, el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta, dejando la iniciativa a un paso de convertirse en ley.
La propuesta busca establecer un marco legal que determine cómo deben actuar los funcionarios policiales ante distintas situaciones. Además, contempla disposiciones para las Fuerzas Armadas cuando participen en labores específicas, como durante estados de excepción constitucional.
Según explicó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, la normativa se basa en cuatro principios fundamentales: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad.
Asimismo, busca entregar mayor claridad sobre las decisiones que deben tomar los funcionarios cuando enfrentan escenarios de alto riesgo, especialmente cuando disponen de pocos segundos para reaccionar.
Foto: cedida a Chicureo Hoy
¿Cuáles son los cinco niveles de uso de la fuerza?
El proyecto establece cinco grados de actuación policial, que deberán aplicarse según la resistencia o agresión que presente una persona:
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Presencia: vigilancia preventiva y despliegue de funcionarios para identificar situaciones que puedan alterar el orden público.
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Comunicación: utilización del diálogo, negociación y persuasión verbal para controlar situaciones sin recurrir a la fuerza física.
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Reducción física: técnicas de control e inmovilización de personas que presentan resistencia a las instrucciones policiales.
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Fuerza menos letal: utilización de elementos físicos o armamento menos letal para controlar una situación.
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Fuerza potencialmente letal: intervención excepcional que podrá aplicarse bajo las condiciones establecidas por la legislación.
Las nuevas reglas de uso de la fuerza también identifican cinco grados de comportamiento ciudadano: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y agresión potencialmente letal.
Sin embargo, Arrau aclaró que los funcionarios no necesariamente deberán avanzar por cada nivel. Ante una amenaza inminente, podrán recurrir directamente a una medida de mayor intensidad, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Por otra parte, el secretario de Estado precisó que la iniciativa no modificará el armamento utilizado por las policías. Su objetivo es establecer con mayor claridad las circunstancias en que pueden emplearlo.
La normativa también contempla disposiciones sobre la responsabilidad de los funcionarios ante eventuales incumplimientos y excluye a Gendarmería, institución que tendrá una regulación propia.
Finalmente, el Gobierno espera que la ley pueda publicarse durante octubre. No obstante, todavía podrían existir procedimientos constitucionales que extiendan los plazos.
