La Comisión de Gobierno Interior inició la discusión de un proyecto de ley que busca sancionar el incumplimiento de órdenes de evacuación o prohibiciones de ingreso y permanencia emitidas por las autoridades en situaciones de riesgo.
La iniciativa contempla además exigir el reembolso de los costos extraordinarios asociados a labores de búsqueda y auxilio, los que serían cobrados a quienes, de manera temeraria e irresponsable, obliguen a movilizar medios de rescate.
El autor de la moción, diputado Mauro González, explicó que la legislación vigente no contempla una consecuencia penal especial para quienes, teniendo conocimiento efectivo de una orden oficial de evacuación, abandono o prohibición de ingreso o permanencia, decidan incumplirla.
Según el proyecto, las sanciones se aplicarían cuando esta conducta obligue a movilizar servicios públicos o privados de búsqueda o evacuación. La propuesta establece penas de presidio menor en su grado mínimo, equivalentes a entre 61 y 540 días de cárcel, además de multas de 11 a 50 unidades tributarias mensuales.
Durante la sesión también intervino el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien valoró el objetivo de la iniciativa, aunque planteó la necesidad de precisar algunos de sus alcances.
En esa línea, señaló que se debe evitar que el riesgo de multas inhiba a las personas que se encuentren en una situación de peligro de llamar a los servicios de emergencia. En ese sentido, sostuvo que “la finalidad principal siempre debe ser proteger la vida de la persona”.
